Nuestros países son prioridad para la nueva Administración de Estados Unidos.
Por Roberto J. Argüello*
Consideraciones sobre Centroamérica
La Administración Biden está más que consciente de que la crisis migratoria que enfrenta en sus fronteras como consecuencia del enorme crecimiento de cruce de ilegales, la mayoría de ellos provenientes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), le puede costar el control de la Cámara de Representantes y Senado de Estados Unidos en las elecciones de medio término de noviembre del 2022. Ante esta situación, la Administración Biden ha acelerado numerosas acciones para detener esta migración, dentro de las cuáles hay medidas preventivas y otras punitivas para quienes causen o motiven la migración ilegal hacia Estados Unidos.
Desde antes que el entonces candidato a presidente, Joe Biden, ganara las elecciones presidenciales en noviembre del 2020, este había definido cuál sería su política relacionada para frenar la migración de Honduras, El Salvador y Guatemala. Fue notorio que el entonces candidato a presidente en su página web (www.joebiden.com/centralamerica) describiera las acciones que tomaría una vez electo bajo el plan The Biden Plan to Build Security and Prosperity in Partnership with the People of Central America | Joe Biden for President: Official Campaign Website.
Ambas Cámaras del Congreso de Estados Unidos (tanto Senado como Cámara de Representantes), así como los Servicios de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos (CIA, FBI, DEA), además de los Departamentos de Estado, Justicia, Tesoro, Seguridad Interna, así como pensantes y operadores claves de los Partidos Republicano y Demócrata, son de la opinión que la “Corrupción Rampante y Endémica” ha sido y es el primordial motivo por el cual no se han desarrollado las economías de los países centroamericanos, lo cual es el combustible que promueve la migración ilegal hacia los Estados Unidos.
Por varias administraciones norteamericanas, la utilización de sanciones a países e individuos se ha convertido en un arma de política exterior. La Administración Trump impuso sanciones a un ritmo récord de unas tres veces al día durante el mandato del presidente: una serie de medidas dirigidas a empresas, individuos e incluso petroleras vinculadas a Irán, Corea del Norte, China, Venezuela, Nicaragua y Rusia. Bajo el presidente Trump, la Administración tomó más de 3.900 acciones de sanciones distintas, según los datos recopilados por Gibson Dunn, con un aumento en 2018, cuando la administración reintrodujo muchas sanciones a Irán después de retirarse del acuerdo nuclear de 2015, respaldado por aliados, incluido el Reino Unido, Francia y Alemania. Ninguna administración anterior había superado las 700 acciones sancionadoras al año.
Los Comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y Senado de Estados Unidos unieron sus voces en denunciar la corrupción, falta de transparencia en las elecciones en Latinoamérica, así como las violaciones de derecho humanos y la concentración de poder en ciertos individuos, afectando así los procesos democráticos. En el caso de Centroamérica, se aprobaron dos importantes leyes: The Nicaragua Investment Conditionality Act (The NICA Act) y el Northern Triangle Enhanced Engagement Act, conocida como la lista Engel (que incluiría los actores corruptos y violadores de los derechos humanos). Ambas leyes complementan la Ley Magnitsky (Magnitsky Act). Actualmente, está bajo aprobación la ley RENACER “Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform Act of 2021” (the RENACER Act).
Centroamérica, y en específico los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala), han estado dentro de los principales temas de la agenda de política internacional de la Administración Biden desde que asumió el poder el 20 de enero de 2021. El 26 de enero, Antony J. Blinken fue confirmado secretario de Estado, habiendo heredado un Departamento de Estado desmoralizado y con una enorme falta de personal capacitado y experimentado. Al día de este escrito, de las 180 plazas de embajadores que debería tener Estados Unidos., solo hay alrededor de 80 activos. Esa falta de diplomáticos experimentados y de carrera es evidente en Centroamérica y Panamá, dado a que Estados Unidos le falta tener embajadores en Panamá, Honduras y El Salvador.
Complica el tema de nombrar embajadores, el hecho que cada uno tiene que pasar por un estricto proceso de aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, cuyo chairman es el Senador Bob Menéndez (Demócrata, New Jersey). El jueves pasado, el secretario de Estado Blinken nombró a la experimentada embajadora Jean E. Manes, como Chargé d’Affaires en la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Ella había sido embajadora en El Salvador de 2016 al 2019. Este nombramiento inusual demuestra dos cosas: que la Administración Biden quiere des-escalar las tensiones y mejorar las relaciones con la Administración del presidente Nayib Bukele, y que el Departamento de Estado necesita tener de forma inmediata a uno de sus más experimentados diplomáticos, saltándose el proceso de nombramiento de Embajador ante el Senado de Estados Unidos.
Dos países, Nicaragua y Honduras, elegirán futuros presidentes en noviembre del 2021. La Administración Biden, así como numerosos miembros de la Cámara de Representantes y Senado de Estados Unidos, están preocupados que los procesos electorales de ambas estén viciados. En el caso de Nicaragua, que el presidente Ortega está en una campaña de desarticulación de la oposición civil, jugando a reelegirse bajo un proceso electoral viciado. En Nicaragua el actual embajador de Estados Unidos es Kevin Sullivan. Estados Unidos tiene más de tres años de estar sin embajador en Honduras.
Equipo de Biden en Centroamérica
El presidente Biden ha encargado a la vicepresidenta Kamala Harris la responsabilidad de las relaciones con los países del Triangulo Norte, así como de controlar y mejorar la situación migratoria de la frontera con México. Ella podría ser apoyada por este equipo.
Juan González, nombrado director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional: Nacido en Cartagena, Colombia, González ha trabajado muy cerca del presidente Biden cuando fue vicepresidente entre 2009 y 2017. Conoce muy bien Centroamérica, habiendo trabajado en Guatemala con el Cuerpo de Paz (Peace Corps). Es muy cercano al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, con quien trabajó en el Comité de Relaciones Exteriores.
Se espera que Brian A. Nichols, nominado secretario de Estado Asistente para el Hemisferio Occidental, enfrente fuertes cuestionamientos de los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio y Ted Cruz por haber sido parte del equipo negociador del acercamiento de los Estados Unidos con Cuba durante la Administración Obama. Conoce muy bien Colombia y asesoró a la Casa Blanca en el proceso de Paz Colombiano.
Ricardo Zúñiga, enviado Especial del Triángulo Norte, dirigirá los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos, asesorará al secretario y al subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y se coordinará estrechamente con el personal del Consejo de Seguridad Nacional sobre los esfuerzos integrales de la Administración para detener la migración irregular a los Estados Unidos, e implementar la política del presidente Biden. Su oficina cuenta con un presupuesto multianual de US$4.000 millones para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. También, trabajará con los gobiernos del Triángulo Norte para que se responsabilicen por sus compromisos de abordar las causas fundamentales de la migración y el aumento de las llegadas de niños no acompañados a la frontera sur de los Estados Unidos.
David Marchick, vicepresidente de Operaciones de la DFC (U.S. International Development Finance Corporation), llega a la DFC con décadas de experiencia en inversiones y políticas públicas, habiendo estado 12 años en Carlyle Group como director gerente y como miembro del Comité de Administración. En estos puestos, el Señor Marchick dirigió las funciones regulatorias y gubernamentales, comunicaciones y marca, eventos, investigación y sostenibilidad de Carlyle, y tenía una amplia responsabilidad de interactuar con los inversores de Carlyle.
La nueva doctrina Biden sobre el Triángulo Norte
La Administración Biden continuará sancionando a individuos corruptos, violadores de derechos humanos, involucrados en el tráfico de drogas y lavado de dinero, bajo los mecanismos existentes, así como las leyes NICA ACT y Northern Triangle Enhanced Engagement Act, (que incluirá los actores corruptos y violadores de los derechos humanos). Ambas leyes complementan la Ley Magnitsky (Magnitsky Act).
El equipo de política exterior del presidente Biden está claro que imponer sanciones, tanto a individuos como a entes de países, como Bancos Centrales, Ejércitos, Policías y Ministerios de Hacienda son parte de la política exterior del gobierno de Estados Unidos.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una administración se da cuenta que para abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte, se requiere un crecimiento económico sostenido e inversión y que el sector empresarial tiene un papel importante que desempeñar en el desarrollo de los países. De ahí sale la iniciativa que la vicepresidente Harris llamó Call to Action o Llamado a la Acción, en el cual se anunció el compromiso de una docena de empresas y organizaciones para invertir en Centroamérica con el objetivo de potenciar su economía y frenar la migración.
El plan se compone de las siguientes seis áreas de desarrollo que buscan hacer crecer a los emprendedores de pequeñas empresas de la región, dentro de la economía digital y la tecnología financiera:
- Agenda de reforma (respaldo a la transparencia y estabilidad para propiciar negocios).
- Inclusión digital y financiera.
- Seguridad alimentaria y agricultura climática.
- Adaptación climática y energías limpias.
- Educación y desarrollo de la fuerza laboral.
- Acceso a la salud pública.
Entre compañías de capital estadounidense e instituciones que participaron en el encuentro, se encuentran: Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y el Foro Económico Mundial.
La agenda que lidera la vicepresidente quiere generar cambios a corto, mediano y largo plazo, fijando la atención en el combate de la inseguridad alimentaria, entrenamiento laboral para el sector formal, así como trabajar en el impacto que ha causado la pandemia del coronavirus en la región. De acuerdo con Vos de América, parte de las empresas se enfocarán en “apoyar la transparencia y estabilidad de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador”.
La Alianza para Centroamérica es una organización sin fines de lucro que se desarrolló en apoyo del Llamado a la Acción de la vicepresidenta Kamala Harris. La Asociación tiene como objetivo coordinar soluciones prácticas para promover las oportunidades económicas, abordar los desafíos urgentes del clima, la educación, la salud, promover las inversiones a largo plazo y la capacidad de la fuerza laboral en apoyo de una visión de esperanza para Centroamérica.
El Departamento de Estado, en coordinación con la Alianza para Centroamérica, gestionará el seguimiento de este Llamado a la Acción, que involucrará:
- Conectar empresas con socios interagenciales de EE.UU., como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU., el Departamento de Comercio, el Departamento de Trabajo, entre otros; organizaciones no gubernamentales (ONG); bancos multilaterales de desarrollo; agencias de la ONU, otras organizaciones internacionales; y funcionarios gubernamentales pertinentes de la región para facilitar posibles nuevas asociaciones y compromisos.
- Coordinar a los socios del sector privado para asegurar un progreso sostenido a través de iniciativas estratégicas y de alto impacto, alineadas con los objetivos de impacto social, y facilitar empresas conjuntas entre socios nuevos y existentes en los sectores público, privado y social.
- Ofrecer comentarios sobre posibles iniciativas del sector privado, sobre la base de una evaluación de las necesidades de los migrantes potenciales en la región.
- Trabajar con gobiernos e instituciones socios para promover reformas que aborden los impedimentos a la inversión y fomenten un entorno propicio para los negocios.
- Establecer métricas para medir el impacto de los compromisos asumidos en respuesta al Llamado a la Acción, para rastrear la efectividad del programa e identificar tendencias en métricas claves de impacto económico y social.
- Convocar foros públicos y facilitar discusiones sobre desafíos, tendencias y progreso hacia las metas de impacto social aspiradas.
Nuestra recomendación al sector privado centroamericano
El participar en la Alianza para Centroamérica traerá numerosos beneficios al Sector Privado Centroamericano, dentro de los que se enumeran:
- Se desarrollarán extraordinarios contactos con los múltiples Departamentos de Estados Unidos, como Departamento de Estado, Tesoro, Comercio, AID y la DFC (Banco de Fomento de EE.UU.).
- Se tendrá mejor acceso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la International Finance Corporation (IFC).
- Se tendrá claridad de los recursos que invertirá el Gobierno de Estados Unidos en Centroamérica. Tener esta información será de enorme valor estratégico e inclusive ayudará al proceso de planeación y rentabilización de las empresas de Centroamérica.
- Quienes participen tendrán la posibilidad de influenciar cambios positivos en las reglas de inversión y respeto a los derechos de los inversores.
*Roberto J. Argüello es presidente de CEO Advisors, empresa especializada en asesoría estratégica y banca de inversión, quien mantiene magnificas relaciones en el Senado y Congreso de Estados Unidos, así como las principales Multilaterales que operan en Latinoamérica.
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