Todo esto a pesar de que nuestra economía fue una de las que mostró mejor desempeño en la región durante la pandemia por Covid-19 de acuerdo con Torino Economics.
Mantener el buen ritmo de crecimiento económico alcanzado tras dos años de pandemia por Covid-19, a la vez que ejecuta un exigente proceso de consolidación fiscal, son los principales desafíos económicos que enfrentará Costa Rica en los próximos meses, de acuerdo con un informe de Torino Economics.
Esto después de que la estabilidad de las finanzas públicas, la generación de fuentes de trabajo, la reducción de la pobreza y una posible renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueran mencionados durante la campaña del recién elegido mandatario Rodrigo Chaves, como algunas de sus prioridades.
El informe de Torino Economics resalta a Chaves como un economista de alto perfil académico y de gran trayectoria internacional, después de laborar durante 30 años en el Banco Mundial (BM), donde fue nombrado director de la oficina de la entidad en Indonesia; así como su breve paso como ministro de Hacienda en 2019 durante la administración del expresidente Carlos Alvarado.
Sin embargo, el panorama para el Gobierno del novel partido político Progreso Social Democrático, presidido por Chaves, no es alentador de acuerdo con diversos indicadores económicos, entre ellos, el nivel de pobreza el cual ronda el 23% y una tasa de desempleo del 14% de los 5,1 millones de habitantes del país.
En lo que respecta a la inflación, Costa Rica fue uno de los países que registró menores niveles en la región, sin embargo, esto no la eximió de reflejar una cifra relativamente alta a lo observado en su promedio histórico. En la práctica, la inflación no ha hecho más que ir aumentando, cerrando en 1,58% mensual y 7,15% anual para abril de 2022 y de acuerdo con Torino Economics, se estima que la misma cierre en un 7,5% anual para finales de año.
Por su parte, la deuda externa de Costa Rica se ubica como las más altas de Centroamérica, representando el equivalente a un 70,3% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Adicionalmente, la administración anterior del expresidente Carlos Alvarado, negoció un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1.780 millones, que requirió de una serie de reformas, la mayoría de ellas, en el ámbito fiscal.
En lo que respecta a la distribución de las rentas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, Costa Rica se ubica entre los primeros 10 más desiguales de la región. En tal sentido, Eddy Madrigal, coordinador de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC, señaló que la variación del Índice de Gini respecto a 2020 fue de 0,519 a su juicio no representó un cambio significativo, “pero si confirma que en los últimos 11 años no tenemos ninguna tendencia a mejora”.
De acuerdo con Torino Economics estos números se convierten en un reto para el que fuera uno de los países que mostró un mejor desempeño económico durante la pandemia por Covid-19 en toda la región latinoamericana.
Esto al registrar una de las menores caídas del PIB real durante 2020 con un estimado del -4,1% y experimentar, posteriormente para 2021, una de las mayores recuperaciones con un crecimiento del 7,6%, lo que triplicó las estimaciones de los expertos.
Así las cosas, Torino Economics prevé que el crecimiento del PIB de Costa Rica alcance un 3,7% en 2022. La eliminación de las restantes restricciones económicas en el primer semestre del año y el éxito de la campaña de vacunación contra la Covid-19 podrían contribuir a estimular la demanda interna a pesar del impacto negativo de la inflación sobre el consumo privado y la inversión, así como el endurecimiento de la política monetaria.
Asimismo, la reactivación gradual del turismo podría contribuir a la recuperación de los sectores intensivos en mano de obra, atenuando las tensiones sociales.
No obstante, la implementación de la Regla Fiscal representa un desafío que podría restar margen de maniobra al Gobierno para incrementar inversiones públicas, sobre todo en materia infraestructura, y con ello limitar las posibilidades de ampliar el crecimiento potencial del país.
Adicionalmente, deben tomarse en cuenta las implicaciones sociales de la implementación de esta Regla, con el fin de atenuar los riesgos de protestas masivas que pongan bajo presión la gobernabilidad y con ello el incremento del riesgo país.
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