El Salvador está negociando un acuerdo de estabilización financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de US$1.400 millones.
Por Roberto J. Argüello y Luis Manuel Piantini*
En Latinoamérica existen tres economías dolarizadas, sin poseer monedas propias, y cuya liquidez interna para el desarrollo de sus actividades económicas, depende del resultado de su balanza de pagos, o sea del flujo neto de sus divisas.
Panamá fue la primera de ella en adoptar el dólar como moneda cuando logró su independencia, siendo el soporte de su economía, la operatividad del único canal transoceánico en el continente americano, el cual le proporciona elevadas fuentes de ingresos y de trabajo, junto con sus actividades colaterales. En Panamá esa fuente de ingreso es exógena a la situación interna de su economía, pues depende del flujo comercial internacional, el cual fue fuertemente afectado por la pandemia, y que hizo colapsar a la economía panameña en 17,9% el pasado año.
Ecuador dolarizó su economía hace 20 años, al verse forzada a escoger a la dolarización como el ancla que eliminaría la hiperinflación que afectaba ese país desde el 1999. La economía ecuatoriana tiene una elevada dependencia del petróleo tanto en sus ingresos de divisas como fiscales. En los años en que se ha derrumbado el precio del petróleo la economía ecuatoriana entra en crisis, y tiene que acudir a fuentes de financiamientos externas, así como poner fuertes restricciones a través de tasas arancelarias a sus importaciones, lo que le ha provocado entrar en conflictos comerciales con sus socios regionales. Sin embargo el pueblo ecuatoriano rechaza cualquier intento de modificación de su régimen cambiario, por el temor al regreso de las hiperinflaciones y la pérdida del poder adquisitivo de su población, provocadas por el uso abusivo de las monedas por los gobiernos para financiar sus déficits fiscales. La solución al problema de la vulnerabilidad del Ecuador, es lograr una mayor diversificación exportadora.
En el caso de El Salvador, su actual régimen cambiario fue una decisión de tipo político, buscando los proponentes blindar la economía para evitar la posibilidad futura de crisis inflacionarias. Eso es cierto, pero la economía salvadoreña está interconectada con las demás economías centroamericanas a través de una integración comercial, lo cual la hace muy dependiente de las políticas económicas que adopten sus demás socios, y estos tienen regímenes cambiarios con monedas propias, lo que cual les otorga flexibilidades internas para el manejo de esas políticas, tal como la de modificar el valor de sus monedas frente a las de los demás socios buscando ventajas comerciales.
Una política tendente a depreciar su moneda, crea un aliciente a las exportaciones al reducirse los precios externos de sus bienes y servicios, y origina obstáculos para las importaciones aumentando sus precios domésticos, de esta forma se logra mejorar los balances de las cuentas externas de su balanza de pagos. El Salvador ha gozado de la ventaja de que el resto de sus competidores comerciales de la región tienen sus monedas más apreciadas que la salvadoreña. Si calculamos las tasas de cambios reales efectivas en relación al dólar, tomando como base el año 2000, las apreciaciones han sido en Guatemala 47%, Honduras 25%, Nicaragua 7%, Costa Rica 15% y El Salvador muestra una depreciación del 1,4%. Esta situación le ha permitido a El Salvador diversificar y expandir sus exportaciones como soporte a su régimen cambiario y monetario. Pero su vulnerabilidad es evidente ante un cambio en la favorable situación presente.
El Salvador tiene en los ingresos de las remesas el mayor soporte de su régimen cambiario, ya que estas representan un elevado porcentaje, 24% de su Producto Interno Bruto (PIB)en el año 2020. Su valor por un monto de US$ 5.919 millones es mayor al de las exportaciones US$5.044 equivalente al 20,5% del PIB. Ambos flujos dependen de los comportamientos de los mercados externos, laboral y comercial. El de las remesas depende del comportamiento de los mercados laborales externos donde residan sus ciudadanos, como el de las exportaciones de los mercados de bienes y servicios internacionales y las variaciones en el valor de la moneda salvadoreña, (dólar) frente a las de los demás países integrantes de su mercado regional. Por ejemplo, durante el 2020 por efecto de la pandemia y la caída en el flujo comercial regional y mundial, el valor de las exportaciones se redujo en unos US$900 millones. Mientras que el de las remesas aumentó en unos US$270 millones, estimulado por las enormes ayudas federales del gobierno estadounidense a sus residentes, entre ellos los salvadoreños, economía de donde se origina el mayor porcentaje de sus remesas.
Este aumento en las remesas fue muy importante, para complementar el apoyo que el gobierno salvadoreño le dio a la población en recursos monetarios, con el fin de mitigar los adversos efectos de la pandemia, y evitar aumentos mayores en los niveles de pobrezas. La pobreza aumento en 7 puntos porcentuales, alcanzando el 35% de la población. Este nivel de pobreza es inferior al de Guatemala, Honduras, Nicaragua y Mexico. En ese tenor el gasto público del gobierno alcanzó un valor equivalente al 29,08% del PIB en el 2020, 8,4 puntos mayores al porcentaje del gasto del 2019. Mientras los ingresos llegaron al 19,35% del PIB, generándose un déficit fiscal equivalente al 9,21% del PIB. Este fue un año atípico puesto que en los últimos cinco años, excluyendo el 2020, el déficit público ha promediado 0,8% del PIB. Este bajo valor demuestra la disciplina con que los gobiernos salvadoreños han manejado sus presupuestos anuales. En las economías dolarizadas los balances fiscales son estabilizadores en sus resultados externos y sus niveles de liquidez interna.
La presión tributaria, que es la relación de sus ingresos tributarios con el valor del PIB, está centrada en el promedio de los países latinoamericanos. El bajo nivel del Gini en la economía salvadoreña, 0.386, es un indicador que muestra que sus políticas distributivas en termino de sus políticas de ingresos, han sido más efectivas que en el resto de sus pares regionales.
Las economías dolarizadas sin tener instituciones emisoras de billetes y monedas propias, tienen que acudir a los mercados internacionales de capitales para obtener divisas que le impriman liquidez a sus economías, en los casos en que se generen flujos netos negativos en sus operaciones externas que merman su liquidez interna. Esta función de prestamista de última instancia en los casos de las economías dolarizadas, las debería de ejercer la Reserva Federal estadounidense, pero lo ignora. Lo cual si existiera un fondo de estabilización monetaria con estas economías y la Reserva Federal, estos países dolarizados tendrían una fuente estabilizadora de apoyo ágil en los momentos de choques externos, que les eviten estreses en la caída de liquidez en el corto plazo, que precipite una disminución de sus actividades económicas, con aumentos en los niveles de desempleos y la pobreza.
Para enfrentar la caída en la liquidez interna, y la presión en el aumento del gasto público requerido a causa de la crisis global originada por la pandemia del COVID -19, El Salvador tuvo que acudir a los mercados internacionales para endeudarse creciendo la deuda pública en 17 puntos porcentuales del PIB alcanzando el 90%. Pero El Ecuador también tuvo que endeudarse aumentando en 12 puntos porcentuales llegando al 65%, y Panamá incrementó su deuda en 23 puntos porcentuales del PIB alcanzando el 70%. Estos elevados aumentos se originaron tanto por el aumento de la deuda como por la aguda disminución en el PIB corriente.
Para compensar la caída en las divisas y en la liquidez interna, y reforzar los gastos de inversión y sociales, El Salvador está negociando un acuerdo de estabilización financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de US$1.400 millones. Ecuador por las mismas razones de los efectos adversos originados por la pandemia, alcanzó el pasado año un acuerdo financiero con el FMI por un valor de US$4.000 millones, el cual está siendo complementado con otros créditos multilaterales que sumarian un total de unos US$10.000 millones.
Cómo se puede observar, el FMI ha sido el organismo que se ha convertido en prestamista de última instancia para las economías dolarizadas, cuyos programas financieros imponen el cumplimiento de condicionalidades, con el fin de generar espacios fiscales que les retornen sus recursos prestados, programas que muchas veces en la aplicación de las políticas por parte de los gobiernos para lograr las metas a alcanzar, afectan directamente a las clases de menores recursos económicos, aumentando la pobreza. Como El Salvador aumento sus gastos fiscales en un porcentaje importante para combatir la pandemia, este puede ser reducido de nuevo sin mayores esfuerzos al quedar disminuidas o eliminadas las causas que le dieron origen. De persistir estas causas el FMI debe de permitir que el programa financiero que el gobierno continúe atendiendo las necesidades de la población de bajos ingresos.
En cuanto al nivel de los ingresos fiscales, la presión fiscal al ser equivalente al nivel promedio de las economías latinoamericanas, nos señala que este es adecuado y que en medio de una pandemia con caída en las actividades económicas, la aplicación de nuevas tasas impositivas, generaría estreses adicionales a la ya cargada atmósfera social con aumentos del desempleo.
La República Dominicana con una presión fiscal que ha fluctuado entre el 12% y 15% del PIB, ha sido la economía de más rápido crecimiento en Latinoamérica durante los últimos 25 años, con tasa promedio de crecimiento anual del 5%, reduciéndose los niveles de pobreza del 49.6% en el 2004, al 21% en el 2019, y su Gini es el 5to más bajo de esta región.
Lo importante es hacer efectivo y transparente el gasto, colocándolo en programas dirigidos principalmente a mitigar la pobreza y mejorar el acceso a la educación y a la salud, aumentando la calidad de las mismas. Y por el lado del ingreso tributario, lo importante es aumentar el trabajo en la economía formal, incentivando las inversiones privadas productivas, y motivando la incorporación de las pequeñas y micro empresas al mercado formal, a través de tasas tributarias que reconozcan la vulnerabilidad de las mismas, con la aplicación de tasas diferenciadas con el fin de ampliar la base impositiva. Asi como atacar la evasión con fuertes penalidades.
Los países desarrollados del G7 con la iniciativa de la Secretaria el Tesoro estadounidense señora Yellen, han propuesto que el próximo mes de junio el FMI distribuya entre sus países miembros un valor en Derechos Especiales de Giro (DEG) de $650 billones. Estos DEGs se les entregaría a sus miembros en base a la proporción de cuotas que tengan, los cuales pueden ser utilizados como reservas en su cambio en dólares u otras monedas fuertes en que está expresado el valor de los DEG, sin obligación de retorno. Esta decisión debe de ser apoyada por los países latinoamericanos logrando que sea recurrente por lo menos por un periodo de 4 años, pues es el único mecanismo que poseen los países en desarrollo de lograr liquidez para financiar los gastos de la pandemia en sus economías, como las han financiado en US$16 trillones los países desarrollados a través de sus bancos centrales.
*Luis Manuel Piantini es economista y laboró 34 años en el Banco Central de República Dominicana, de los cuales nueve fue como vicegobernador y un año y medio como miembro Titular de la Junta Monetaria. Laboró durante 16 años en organismos multilaterales tales como el FMI como director ejecutivo alterno, asesor en el BM, embajador ante la OMC y la UNCTAD, de la que fue presidente.
*Roberto J. Argüello es economista y Presidente de CEO Advisors, empresa consultora y banca de inversión.
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