Los temas que más preocupan a la población en general se ven directamente afectados por este delito que, de acuerdo con estimaciones recientes, representa más del 30% de las ventas del sector industrial de Guatemala.
Desde agosto de 2020, la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha enfocado su trabajo en generar acciones de prevención y combate al contrabando y otros delitos relacionados como fraude, falsificación, piratería y defraudación aduanera.
La Comisión se enfoca actualmente en apoyar a las autoridades gubernamentales con insumos técnicos y económicos para dar cumplimiento a las políticas públicas vinculadas a la prevención del comercio ilícito y consolidar una base de datos con información que les permita medir los resultados obtenidos.
Según el informe de las estimaciones de contrabando, publicado por Central American Business Intelligence (CABI) en 2020, la brecha de impuestos no recaudados como consecuencia del contrabando suma un promedio de Q1,750 millones al año, derivado principalmente del IVA doméstico que no se recauda y del ISR no pagado por las bandas contrabandistas.
“El impacto que este ilícito tiene en la sociedad es incalculable y va más allá de un tema de desarrollo económico. Se ha determinado, por ejemplo, que el costo de un estudiante promedio es de Q4 mil 500 al año, y si lo comparamos con la cantidad de dinero que le cuesta el contrabando al país, podemos decir que más de 300 mil niños están dejando de estudiar en Guatemala a causa de este delito”, explica Axel Romero, gerente de Gestión de CODECOF.
Las personas que suelen comprar mercancía de contrabando perciben un ahorro aparente que en algunas industrias supera el 50% del costo total, tomando en cuenta la diferencia de valor que existe actualmente entre el peso mexicano y el quetzal. Además, a esto hay que sumar que la mayoría de estos productos se consiguen ofertados puesto que sus fechas de vencimiento están próximas, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas que los consumen.
“Si hablamos de la falta de empleo, este es un problema que se agrava con el consumo del contrabando pues, al preferir un producto ingresado de forma ilegal al país le robamos trabajo a guatemaltecos que los manufacturan dentro de nuestras fronteras, lo cual convierte la competencia prácticamente imposible para los medianos y pequeños productores, quienes operan con márgenes de ganancia muy bajos”, agrega Romero.
También se estima que estas estructuras delictivas forman parte del crimen organizado y utilizan el contrabando como mecanismo disuasivo a otros ilícitos como lavado de dinero, tráfico de armas, entre otros.
Una amenaza sanitaria de gran nivel
Los productos que se trasiegan de forma ilegal no cumplen con estándares de calidad o la logística que permita que mantengan sus propiedades de fabricación, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas.
Por ejemplo, las granjas de productos avícolas del país deben cumplir con estrictos controles y estándares de calidad para asegurar la frescura de sus productos; sin embargo, dentro de la dinámica del contrabando, los productos que ingresan del sur de México no siguen estos protocolos y, por ser excedentes de la producción mexicana, se venden por debajo de sus costos de producción causando graves daños a los productores nacionales.
Además, los productos que se encuentran cerca de las fronteras están muy próximos a su vencimiento y su condición de aporte nutricional ya no es el más adecuado para el consumidor nacional, sin dejar de lado que esto representa una desventaja comercial para los productores nacionales, que además de invertir en vacunas para prevenir el ingreso de enfermedades, pagan todos los impuestos y trabajan sin subsidios ni ventajas económicas.
De acuerdo con cifras obtenidas por la Comisión, el volumen estimado de contrabando de pollo representa entre el 18 y el 20% del consumo nacional.
El confinamiento del 2020 provocado por la pandemia del COVID-19 también limitó el ingreso de productos y abrió la puerta a nuevas formas de operar redes de contrabando en el país. Surgió, por ejemplo, la modalidad de comprar a través de las redes sociales, ya que los productos eran enviados directamente a los hogares de los consumidores. De esa cuenta se vio un incremento en la venta de licores, snacks, productos de limpieza y medicamentos; estos últimos incluidos dentro del informe de Interpol (La amenaza mundial de los medicamentos falsos en tiempos de COVID-19, publicado en mayo de 2020), donde se explica la venta de falsos kits para mitigar el nuevo coronavirus.
El comercio ilícito afecta la competitividad de la producción nacional, vulnera la salud de quienes consumen este tipo de productos y evita que ingresen al erario los recursos necesarios para invertir en mejor educación y seguridad. El principal objetivo de la Comisión es trabajar en coordinación con las entidades gubernamentales y generar nuevos espacios con otras dependencias del Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios, para consolidar esfuerzos y actuar con prontitud.
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