Desde el inicio de este siglo y milenio, las crisis alimentarias y energéticas internacionales son cada vez más frecuentes y profundas.
Por Luis Manuel Piantini y Katrina Naut. Ex embajadores ante la Organización Mundial de Comercio.
El pasado día 29 de marzo, la Fundación Global y Desarrollo (Funglode) realizó el segundo Foro Internacional, Casa de Campo, llamado «Hacia la próxima Cumbre de las Américas: desafíos hemisféricos y perspectivas renovadas». El mismo contó con la participación de importantes expositores entre ellos el expresidente de México Felipe Calderón, el Senador Bob Menéndez Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado Norteamericano entre otros no menos importantes, y del área doméstica el Canciller dominicano, Roberto Álvarez y Roberto Herrera, Presidente de la Cámara Americana de Comercio. El expresidente Leonel Fernández en su discurso inaugural, presentó unas series de interesantes y ponderadas propuestas, que la parte latinoamericana haría bien en analizar, con el fin de elevar a sus vecinos del norte en dicha Cumbre para su discusión. Entre dichas propuestas, se incluye la de extender el plazo de desgravación de los productos agrícolas del Tratado de Libre Comercio DR- CAFTA, como una forma de darle mayor espacio en tiempo a los productores agropecuarios, con el fin de que mejoren sus niveles de competitividad, y puedan enfrentar el desafío que para sus productos, representa la apertura del comercio de ese Tratado para el ingreso de bienes provenientes de los países firmantes.
En dicho Foro se hizo mención a nuestra producción agrícola, señalándose que el país producía un 80% de sus necesidades de alimentación. Naturalmente ese 80% tenderá a reducirse peligrosamente, perdiendo su mercado doméstico a medida que ingresen los bienes agropecuarios norteamericanos, con la desgravación de los aranceles que protegen nuestra producción. En el 2021 el valor de las importaciones de bienes alimenticios fue de US$4.040,4 millones representando el 16,5% del total importado por el país.
Desde el inicio de este siglo y milenio, las crisis alimentarias y energéticas internacionales son cada vez más frecuentes y profundas. No solo aumentando agudamente los precios de esos bienes, sino también llevando a dichos bienes a ser escasos en el mercado Internacional, ya que los países productores ante dicha desestabilización de los mercados internacionales, tienden a proteger su consumo doméstico, restringiendo las exportaciones de dichos bienes. En ese sentido, la Directora General de la OMC, recientemente informó que alrededor de 12 países han notificado medidas de restricción de las exportaciones de alimentos, e hizo un llamado a aquellos países que tengan un excedente de reservas de aceites vegetales y granos, a liberarlas y ponerlas a disposición en el mercado internacional.
En la actualidad las pugnas que se han producido entre las principales potencias comerciales aplicando aranceles que penalizan dicho comercio, y ahora con la agudización producida por las sanciones derivadas de la invasión de Rusia a Ucrania, están creando un desorden del comercio a nivel internacional. A esto se suma la crisis institucional que mantiene la OMC, por la carencia de sus miembros del Organo de Apelación, pilar donde se discuten y deciden las quejas a las violaciones que presentan sus países miembros, en adición a la crisis generada por la Guerra, en donde muchos países han utilizado este foro para eliminar el trato de nación más favorecida a Rusia, y bloquear la adhesión de Bielorrusa a dicha organización.
De todo el impacto negativo de lo antes expuesto, no escapa la República Dominicana y por ende el aparato productivo nacional. Nuestro país cuando se dio por concluida la Ronda Uruguay del GATT en el año 1994, había presentado su oferta de bienes con sus respectivos niveles arancelarios con un tope superior del 40%, llamado arancel consolidado. Resulta que anteriormente a la aprobación de esa oferta, algunos de estos bienes tenían niveles arancelarios que llegaban o superaban el 100%. Cuando el sector agropecuario se enteró que se había adoptado esta oferta pegó el grito al cielo pues muchos de sus productores quebrarían con el ingreso de bienes similares importados. Después de varias negociaciones en la OMC liderados por un equipo técnico dominicano, el Consejo de dicha organización aprobó en el 1999 la llamada Rectificacion Técnica, donde retornaban con altos aranceles fuera de cuota y la aplicación de restricciones cuantitativas, 8 productos de la dieta alimenticia muy sensibles de la economía nacional como mecanismo de protección a nuestros productores.
Pero resulta que durante la negociación del Tratado DR-CAFTA, se decidió incluir en libre comercio a los 8 productos de la rectificación técnica. En el caso del arroz, leche y nata y los muslos de pollo, estos tendrán 0 arancel en el 2025, los cuales son productos agropecuarios de la dieta alimentaria nacional. En el momento en que se negociaba el DR-CAFTA, en la OMC se estaba negociando la llamada Ronda de Doha para el Desarrollo la cual se inició en el 2001, y tenía como propósito eliminar los subsidios a la producción agropecuaria de los países desarrollados, así como también las restricciones impuestas, como las cuotas a la entrada de bienes importados a esas economías de origen agropecuario. En vista de que la Ronda de Doha fracasó, de que los países desarrollados continúan suministrando subsidios a sus productores afectando la competitividad de los productos de países en desarrollo como el nuestro, y de la necesidad de que es imperativo que el país cuente con su seguridad alimentaria para poder enfrentar la crisis de precios y escasez sin que se produzcan hambrunas, consideramos que es justo, equitativo y saludable que el país junto a los países Centroamericanos partes del Tratado, soliciten una revisión de la oferta agropecuaria en el DR-CAFTA, con el fin de que en nuestro caso, se suspenda la aplicación de la desgravación en curso de manera permanente. De manera accesoria, se hace necesario evitar las iniciativas de medidas como el Proyecto de Ley de Cero Arancel a ciertos Productos de la Canasta Básica, lo cual unifica y hace coherente las políticas de apoyo a nuestros sectores productivos.
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