La movilidad del capital ha ido en aumento a nivel mundial por conducto de la banca multilateral, banca privada nacional y bolsas de valores.
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Por Juan José Micheo Fuentes, economista y MBA Incae
República Dominicana, Centroamérica y Panamá como países en desarrollo confrontan grandes desafíos en su lucha por sacar de la pobreza a millones de habitantes. Los recursos públicos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de la población: salud, educación, seguridad y vivienda. Se requiere de capitales externos que complementen la inversión local, transfieran tecnología, empleen mano de obra local, implementen mejores prácticas gerenciales y fomenten la competencia interna. La movilidad del capital ha ido en aumento a nivel mundial por conducto de la banca multilateral, banca privada nacional y bolsas de valores.
Vale la pena saber cuál es el movimiento de los capitales externos que ingresan a cada país comparado a República Dominicana, la región centroamericana y Panamá y darse cuenta que hay países que a través de sus estrategias y políticas han sido más exitosos que otros. En el año 2024 según información oficial la inversión extranjera directa (IED) en la región conformada por los anteriores países alcanzó un total de US$16.138,8 millones, lo que representó un incremento del 9,6% en comparación con los US$14.728,9 millones registrados en 2023.
La distribución por país fue la siguiente: República Dominicana: US$4.518,9 millones (28,0% del total regional), Costa Rica: US$4.503,5 millones (27,9% del total regional), Panamá: US$2.904,9 millones (18,0% del total regional, Guatemala US$1.646,1 millones (10,2% del total regional), Nicaragua: US$1.355,7 millones (8,4% del total regional). El Salvador, por su parte, registró una IED de US$387.44 millones durante los primeros tres trimestres de 2024, lo que representó una disminución del 27% en comparación con el mismo período del año 2023. República Dominicana se destaca al haber creado un ambiente favorable para la inversión extranjera, especialmente en sectores como turismo, energía, zonas francas, construcción e industria. Las políticas económicas estables y los acuerdos de libre comercio han impulsado esa atracción de capital.
Estos datos reflejan una tendencia positiva en la atracción de inversión extranjera en la mayoría de los países de la región durante 2024, con la excepción de El Salvador, que experimentó una disminución en los flujos de IED, siendo la inseguridad jurídica el principal factor que frena el ingreso de capitales externos y locales, además de aspectos económicos que aumentan los riesgos y por tanto pone la rentabilidad y crecimiento empresarial en peligro.
Al observar las estadísticas anteriores merece la pena mencionar que el ingreso de capitales a los países seleccionados está estrechamente relacionado con ideologías de libre empresa, respeto al estado de derecho y reglas democráticas. Y que los que menos reciben capitales son los que irrespetan los derechos humanos, certeza jurídica, la Constitución y que reprimen la libre expresión del pensamiento.
De acuerdo a evidencia empírica, no son los incentivos impositivos a la inversión (exoneración de ISR, aranceles e IVA) los factores preponderantes para que los empresarios decidan invertir en cualquier país. Los principales factores son: estabilidad política, bajos niveles de corrupción, instituciones fuertes, reglas claras sin cambios constantes y ambientes de negocio favorable a la inversión; así como la disponibilidad de recurso humano bien preparado, infraestructuras en buen estado, regulaciones que faciliten la gestión de licencias y permisos, sencillez en los trámites gubernamentales y certeza jurídica en todo el sentido de la palabra. Esos elementos son clave para que las compañías decidan dónde y cuánto invertir aprovechando las ventajas comparativas entre países.
Corresponde a los gobiernos seleccionados impulsar las inversión, respeto a la democracia, diversificar las exportaciones por productos y mercados, incentivar las fuentes de energía limpias, apoyar la educación a todos los niveles, medidas de seguridad ciudadana y fomento al turismo.
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