El Colegio, a través de sus agremiados es depositario de la fe pública y del correcto ejercicio de la profesión, bajo dos condiciones elementales: sabiduría y honradez
Como parte de su gran trabajo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuenta con un ejemplar programa y acciones de Responsabilidad Social Empresarial.
Su amplia trayectoria de 138 años le ha permito consolidarse como una institución comprometida con la sociedad costarricense.
Como parte de las acciones y servicios en los que enfoca sus esfuerzos de RSE destacan las Defensorías Sociales.
“El objetivo de las Defensorías Sociales es dar acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad, por medio de un programa gratuito, en asesorías o representación legal, a fin de que puedan visibilizar sus derechos en procesos judiciales donde actúan como actor, demandado o persona víctima”, explica Violeta Conejo, encargada de las Defensorías Sociales.
De acuerdo con Conejo, las Defensorías Sociales nacen a raíz de la adhesión que hace el Colegio de Abogados y Abogadas a las “Cien Reglas de Brasilia”, la cuales tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permitan el pleno reconocimiento y goce de los Derechos Humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales.
vulnerabilidad.
En las Defensorías Sociales existe un grupo conformado por alrededor de 100 abogados y abogadas,
llamados Defensores y Defensoras Sociales, quienes trabajan para el programa de forma gratuita, con el apoyo logístico y financiero del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, el cual incorporó un Programa de Gestión de Calidad.
Desde su creación en 2009 y hasta la fecha cuentan con 16 defensorías Sociales en diversos puntos del país.
“Para nosotros lo más gratificante ha sido brindar acceso a la justicia a una persona que de no ser por este programa no hubiese podido ejercer sus derechos, ya sea interponiéndolos o defendiéndolos. Ayudar a personas menores de edad a restablecer, reconocer o hacer valer su derecho a tener la filiación que le corresponde. Ayudar a empoderar a una mujer víctima de violencia física, sexual, patrimonial o psicológica a fin de que pueda mantenerse en el proceso de Violencia Doméstica o penal y concluir en un proceso en el que ella sienta que obtiene justicia, hay aliados estratégicos como la Oficina de atención y Protección a la víctima del delito, que brinda atención o protección a la
persona víctima dentro de un proceso penal, que se encuentre en riesgo y el Instituto Nacional de la Mujer INAMU que ha promovido un convenio desde 2016, para dar especial atención a estas mujeres víctimas”, detalla Conejo.
Otra de las acciones en las que han enfocado sus esfuerzos en materia de RSE es el programa
Derecho en la Calle. “El Programa Derecho en la Calle enseña a la población sus derechos y a combatir problemas sociales como el bullying, el ciclo de violencia doméstica, empoderar a la mujer víctima de delitos que figuren en ley de penalización de violencia contra la mujer, como ejercer los derechos en procesos de pensión alimentaria, derecho a personas solicitantes de refugio, a personas indígenas indígenas, estas actividades pueden ser espontáneas realizadas por una defensoría, solicitadas por escuelas o centros de estudio, organizadas interinstitucionalmente en campañas de prevención, dirigidas a combatir este tipo de problemática social”, explica la encargada de las Defensorías Sociales.
A esta valiosa iniciativa se suma Bandera Azul y Carbono Neutral: El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se suma a la lista de empresas comprometidas con la meta país de ser carbono neutral para el 2021 al obtener la verificación de carbono neutralidad otorgada por INTECO en 2014, convirtiéndose en el primer Colegio certificado con la norma 14001.
“Actualmente la corporación planifica las acciones de reducción que ejecutará en adelante para seguir minimizando su huella de carbono. Además, posee el galardón Bandera azul ecológica, recibido en 2017, con 4 estrellas cuya influencia ha permeado a las familias de los colaboradores, en un programa del gobierno Bandera azul, para hogares sostenibles”, comenta Conejo.
En el ámbito laboral la institución posee un programa de Gestión de la Seguridad y Salud laboral, con el cual se han implementado planes de emergencia y se cuenta con un Consultorio Médico. Entre sus metas para este 2019 destacan: desarrollar un plan de manejo de desechos en las Sedes de Puntarenas y Pérez Zeledón en coordinación con la Comisión Ambiental. A esta iniciativa se suma la apertura de una Defensoría Social en materia de familia en Pérez Zeledón.
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