19 junio, 2018

CAF presenta en Europa oportunidades de inversión y financiamiento en infraestructura

Redaccion septiembre 2, 2014

La inversión sería en América Latina

Ministros de Economía, Finanzas y de Planificación, representantes del sector privado y expertos de América Latina y España analizarán las oportunidades para la integración latinoamericana a través del desarrollo de infraestructura y el enfoque de corredores logísticos, así como los desafíos y oportunidades de financiamiento de proyectos y programas de inversión, en la próxima Conferencia CAF: Infraestructura para la Integración de América Latina, el 16 de julio en Casa de América, en Madrid.

Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF -banco de desarrollo de América Latina- y Santiago Miralles, director general de Casa de América, serán los encargados de abrir la Conferencia que estará dividida en tres sesiones: “Infraestructura para la integración y su impacto en la productividad regional”; “Financiamiento de la infraestructura en sectores prioritarios”; y “El impulso a las inversiones en infraestructura y logística”.

Para satisfacer el despliegue de redes y servicios necesarios para asegurar el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe se requieren niveles de inversión anual en infraestructura que han sido estimados en el orden del 5% del Producto Interno Bruto (PIB). En los últimos años se destaca el impulso que han tomado las Asociaciones/Participaciones Público-Privadas (APP o PPP) en gran parte de los países de la región, con una alta implicación del sector privado en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura tanto económica como social.

Desafíos que enfrentan

La planificación y la definición de inversiones estratégicas se han convertido en un desafío para el sector público ante las nuevas demandas de los ciudadanos (se estima que para 2050 el 86% de la población en América Latina vivirá en entornos urbanos), que no siempre es posible acometerlas solo con presupuestos públicos, sino que en algunos casos es necesarios utilizar otros modelos disponibles que incorporen la colaboración del sector privado. Todos los gobiernos, entre ellos los sub-nacionales (alcaldías, gobernaciones, provincias), tienen la oportunidad de enfrentar algunos de estos retos a través de las APP para complementar la gestión de las infraestructuras y servicios públicos encomendados.

CAF desarrolló una publicación llamada “Asociación Público-Privada en América Latina. Guía para Gobiernos Regionales y Locales” donde se definen conceptos básicos sobre qué es y qué no es una APP, se identifican herramientas que permiten evaluar el uso del modelo APP respecto a otras fórmulas posibles y se muestran buenas prácticas y lecciones aprendidas que ayudan a enfrentar el proceso de estructuración de un contrato tipo, los procesos de renegociación o la estructura para una buena gobernanza del contrato.

Mónica López, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis y Programación Sectorial de CAF y experta en infraestructura, explicó las ventajas que traen las APP y cómo pueden aprovecharlas los gobiernos sub-nacionales. “Estas asociaciones incorporan el conocimiento técnico y gerencial del sector privado, aportando valor agregado y mayor eficiencia técnica al integrar todas las fases del proyecto (diseño, construcción, financiación, mantenimiento y explotación) y, al mismo tiempo, representan fondos adicionales para los gobiernos, porque posibilitan la realización de infraestructuras socialmente necesarias que no pueden ser llevadas a cabo solo por el sector público debido a restricciones presupuestarias”.

No obstante, este modelo tiene una serie de requerimientos que pueden ser complejos para su aplicación: involucra a un gran número de actores, se estructura en el medio y largo plazo y tiene una mayor complejidad en la definición y gestión de los contratos, lo que implica armonizar los distintos marcos (institucionales, legales, técnicos, financieros); por ende se hace necesario contar con unas capacidades administrativas adecuadas para la puesta en marcha por parte del sector público.

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