Los ejecutivos y accionistas relevantes son evaluados por su desempeño empresarial y, adicionalmente, por su reputación, exposición pública, su perfil político percibido y su capacidad de resistir campañas mediáticas adversas.
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Por Arnold Y. Castillo, managing director, Global Investigations & Disputes, Crisis Management de Secretariat.
En América Latina, los señalamientos que involucran a ejecutivos, políticos, empresarios y grupos económicos presentan características propias que los diferencian sustancialmente de otras jurisdicciones. Más allá de los riesgos legales y financieros tradicionales, la región se caracteriza por un entorno reputacional altamente volátil, donde una acusación preliminar —o incluso una narrativa construida sin sustento probatorio— puede generar daños profundos e irreversibles en cuestión de horas o días.
Los ejecutivos y accionistas relevantes son evaluados por su desempeño empresarial y, adicionalmente, por su reputación, exposición pública, su perfil político percibido y su capacidad de resistir campañas mediáticas adversas. Esta realidad evidencia la creciente influencia de factores estructurales que trascienden la lógica puramente transaccional: dinámicas políticas, presiones sociales, marcos regulatorios, estándares éticos globales y expectativas de gobernanza que operan más allá del ámbito comercial tradicional. En este contexto, la frontera entre lo público y lo privado prácticamente ha desaparecido, obligando a directorios, equipos legales, áreas de cumplimiento, fondos de private equity y family offices a gestionar crisis que combinan elementos legales, regulatorios, mediáticos y políticos de manera simultánea.
Un entorno donde la reputación se destruye antes del proceso
En muchos países de la región, la reputación puede ser destruida con extrema facilidad. Artículos periodísticos carentes de rigor, denuncias anónimas, filtraciones interesadas o publicaciones en plataformas de dudosa credibilidad suelen viralizarse rápidamente. Lo particularmente grave es que este contenido, aún cuando no ha sido validado, es frecuentemente amplificado por autoridades públicas, generando una apariencia de legitimidad institucional.
Fiscalías enfocadas en lavado de activos y la unidad de inteligencia financiera, al iniciar investigaciones en etapas estrictamente preliminares, suelen emitir requerimientos de información a bancos, municipalidades, registros públicos, estudios jurídicos y otros terceros. En la práctica, estos actos procesales —que deben ser estrictamente reservados y de acceso solamente a las partes involucradas— se convierten en algunas ocasiones en canales frágiles de daño reputacional, ya sea por filtraciones directas o por inferencias del mercado y de la prensa.
Para empresarios, inversionistas y family offices, el impacto es inmediato: cierre de cuentas bancarias, suspensión de relaciones en gremios comerciales, revisión de líneas de crédito, deterioro del valor de activos y cuestionamientos por parte de socios internacionales, todo ello sin que exista imputación formal ni acusación probada.
Fragilidad judicial, influencia y riesgos de corrupción
A estos factores se suma una realidad incómoda pero ineludible: en algunos países de América Latina, la debilidad institucional de ciertos poderes judiciales incrementa exponencialmente el riesgo. La percepción —y en algunos casos la experiencia— de que procesos judiciales pueden ser influenciados, direccionados o instrumentalizados mediante presiones políticas, económicas o incluso actos de corrupción, agrava la incertidumbre jurídica.
En este contexto, resulta comprensible que investigaciones sean utilizadas como herramientas de presión o disciplinamiento, donde el objetivo puede centrarse en generar un impacto reputacional suficiente para el inicio de negociaciones, forzar acuerdos, desplazar accionistas, debilitar posiciones societarias o afectar la continuidad de un negocio. Aquí operan influencias externas sistémicas —redes de poder político, intereses económicos concentrados, medios con agendas particulares— que condicionan decisiones aparentemente técnicas o jurídicas. La posibilidad de «comprar» decisiones, acelerar o frenar procesos, o direccionar responsabilidades hacia una parte específica, constituye un riesgo que los actores sofisticados deben considerar.
Filtraciones y juicios paralelos en los medios
Uno de los elementos más perjudiciales del entorno regional es la filtración sistemática de carpetas judiciales. Documentos que, por ley, deberían ser confidenciales y accesibles únicamente a las partes terminan en manos de la prensa o de programas políticos de opinión, donde son analizados fuera de contexto, editados selectivamente o directamente distorsionados.
Este fenómeno genera un juicio mediático paralelo, en el que el empresario o ejecutivo es condenado en la opinión pública mucho antes de que exista una evaluación técnica de los hechos. Una vez instalada esta narrativa, incluso una absolución posterior o el archivo del caso resulta insuficiente para reparar el daño reputacional causado.
Desafíos específicos en investigaciones de ejecutivos
Las investigaciones que involucran a altos ejecutivos presentan complejidades adicionales. CEOs, CFOs y socios controlantes suelen estar profundamente involucrados en la gobernanza, la operación y los sistemas de control interno de la organización. Esto genera preocupaciones legítimas sobre la integridad de los procesos, la confiabilidad de la información financiera y la independencia de cualquier investigación interna.
En América Latina, estas preocupaciones se intensifican cuando existen vínculos personales, políticos o comerciales entre ejecutivos, miembros del directorio, asesores externos y actores del sector público. La percepción de conflicto de interés —real o aparente— puede ser tan dañina como el conflicto mismo.
Errores comunes y costosos
En este entorno, los errores en la gestión de una crisis suelen amplificar el daño. Entre los más frecuentes se encuentran las declaraciones prematuras, la falta de independencia en las investigaciones y la pérdida del control del relato público. Minimizar el problema, negar hechos sin información suficiente o subestimar el impacto mediático suele traducirse en mayor exposición legal y reputacional.
Estrategias para mitigar riesgos en un contexto hostil
Frente a este escenario, la mitigación efectiva del riesgo requiere un enfoque integral que reconozca la interacción entre elementos transaccionales y condicionantes estructurales. Las organizaciones deben contar con equipos de respuesta multidisciplinarios en manejo de crisis, investigaciones verdaderamente independientes y una estrategia comunicacional alineada con la legal. La credibilidad —tanto ante autoridades como ante el mercado— es un activo central.
La investigación debe ser rigurosa, documentada y proporcionar un blindaje, evaluando tanto los hechos específicos como el impacto de dinámicas político-sociales, expectativas de stakeholders y marcos normativos emergentes en controles internos, estados financieros y gobierno corporativo. Al mismo tiempo, la comunicación debe ser estratégica, prudente y coherente, evitando tanto el silencio absoluto como la sobreexposición innecesaria.
Más allá de lo transaccional: comprender las fuerzas que moldean el entorno
Los líderes empresariales de hoy enfrentan un ecosistema donde las decisiones puramente comerciales resultan insuficientes. Factores institucionales, culturales, regulatorios y políticos —que operan más allá de la oferta y demanda tradicional— ejercen una influencia determinante sobre la viabilidad, reputación y sostenibilidad de cualquier organización. Reconocer y navegar estas influencias externas sistémicas representa una competencia crítica para preservar valor y construir resiliencia institucional en América Latina. El éxito sostenible requiere comprender que el liderazgo empresarial trasciende la gestión operativa: implica leer correctamente las corrientes profundas que moldean el entorno de negocios en la región.
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