Un informe regional plantea fortalecer la resiliencia financiera, ampliar la cobertura de seguros e invertir hasta US$31.000 millones anuales en infraestructura preparada para inundaciones y huracanes.
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América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad de prevención y recuperación ante los desastres naturales. Durante los últimos 50 años, estos fenómenos han afectado a cuatro de cada diez personas de la región, con un promedio de un evento por semana, cerca de 100 000 fallecidos y pérdidas económicas superiores a US$360.000 millones.
Tormentas tropicales, huracanes, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales generan efectos sobre las comunidades, las viviendas, las cadenas logísticas y las actividades productivas. La adaptación al cambio climático y la planificación financiera adquieren relevancia para proteger a la población, sostener los servicios esenciales y agilizar la recuperación económica.
Estas son algunas de las conclusiones del informe Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas, presentado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE) a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para su análisis en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026.
El estudio es impulsado por la FIE, Mapfre y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y elaborado por los especialistas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz.
El documento reconoce los avances regionales en protección civil, incluidos los sistemas de prevención, alerta temprana y evacuación. También plantea complementar estos mecanismos con estrategias financieras que permitan disponer de recursos oportunos para atender emergencias, reconstruir infraestructura y respaldar a las comunidades y sectores productivos afectados.
Entre las medidas propuestas figura la inversión de hasta US$31.000 millones anuales en infraestructura resiliente a inundaciones y huracanes, junto con la movilización de otros US$15.000 millones hasta 2030 para adaptación y gestión del riesgo de desastres.
El informe destaca la importancia de establecer instrumentos financieros antes de que ocurran las emergencias.
Las reservas presupuestarias y los fondos de contingencia pueden atender incidentes frecuentes y de menor impacto, mientras que los seguros, reaseguros, esquemas paramétricos y bonos catastróficos permiten distribuir los riesgos asociados a eventos de mayor severidad.
Estas herramientas, junto con la colaboración entre los sectores público y privado, pueden contribuir a acelerar los desembolsos, financiar la reconstrucción y fortalecer la estabilidad económica y fiscal. Según el documento, la brecha de protección aseguradora alcanza el 81% en América Latina y el Caribe, lo que evidencia la oportunidad de ampliar el acceso a mecanismos de cobertura para hogares y empresas.
La propuesta también subraya la necesidad de priorizar la protección de infraestructuras, servicios y actividades económicas cuya interrupción tenga mayores consecuencias sociales. Para ello, recomienda ampliar el acceso a los seguros, facilitar procesos de indemnización ágiles y transparentes, e incorporar herramientas tecnológicas y financieras que permitan atender las necesidades de distintos países y comunidades.
El informe reúne estas recomendaciones en un decálogo que propone integrar la resiliencia financiera como prioridad de Estado; reducir la brecha de protección ante desastres; priorizar los activos y actividades de mayor impacto; impulsar alianzas público-privadas; preservar la sostenibilidad de las coberturas; garantizar pagos rápidos y verificables; promover la innovación; vincular el aseguramiento con la prevención; desarrollar capacidades compartidas en Iberoamérica, y avanzar mediante una cooperación flexible y orientada a resultados.
Los autores también destacan que los mecanismos de aseguramiento deben acompañarse de medidas de prevención, planificación territorial y preparación ante emergencias. Esta combinación permite mejorar la gestión del riesgo y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones, las empresas y la población.
La estrategia busca que los países iberoamericanos dispongan de recursos y mecanismos de actuación previamente definidos, con el propósito de agilizar la recuperación, proteger el bienestar de las comunidades y reforzar la resiliencia económica frente a los fenómenos naturales.
El informe completo está disponible en el sitio web de Mapfre.
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